Se trata de un joven imputado por robar una moto junto a dos niños de 11 y 14 años. La defensa propuso una reparación económica de 50.000 pesos en tres partes, pero el fiscal Omar Rodríguez la rechazó con dureza debido al frondoso prontuario y los constantes desplantes judiciales del acusado.
La paciencia de la Justicia Penal parece haber llegado a su límite. En una audiencia preliminar que sacó chispas, el fiscal general Omar Rodríguez anticipó de manera categórica que rechazará cualquier salida alternativa o «arreglo» económico para Juan Mircevich, un joven con un preocupante historial de delitos contra la propiedad. El Ministerio Público Fiscal exige que el imputado rinda cuentas directamente en un banquillo de juicio oral y público.
Mircevich llegó a la audiencia de este viernes en una condición poco favorable: tuvo que ser detenido por la policía tras haberse mantenido prófugo y faltar a una citación programada anteriormente para resolver este mismo caso. Aunque tras el debate recuperó la libertad bajo una severa advertencia del juez de garantías Fabio Monti —quien le dejó en claro que si vuelve a faltar regresará inmediatamente a una celda—, su horizonte judicial está lejos de despejarse.
Una oferta que el fiscal consideró una «burla»
Durante el transcurso de la audiencia, la defensora pública Flora Mollard intentó aplicar la figura legal de la «suspensión de juicio a prueba» (conocida popularmente como probation). Como parte del beneficio, ofreció una «reparación económica» de 50.000 pesos a pagar en tres cuotas mensuales para resarcir a la víctima dueña del motovehículo, asegurando que su defendido cumple con los requisitos que exige la ley.
Sin embargo, el fiscal Rodríguez se opuso de forma rotunda basándose en estrictos postulados de política criminal y destruyó la estrategia de la defensa con un argumento implacable:
“El imputado no solo no cumple con la Justicia, sino que con su conducta demuestra que no internaliza la necesidad de acatar las normas y las decisiones judiciales”, disparó el acusador público.
Para colmo, Rodríguez sumó un agravante social y delictivo estremecedor: el robo de la moto en cuestión no lo cometió solo, sino que lo perpetró acompañado y utilizando a dos menores de edad de apenas 11 y 14 años.
Un prontuario que tumba cualquier beneficio
La fiscalía desnudó el pasado de Mircevich para demostrar que las «reparaciones» no surten efecto en él. El funcionario recordó que el joven ya fue beneficiado con esa misma figura en el pasado y jamás pagó ni cumplió lo prometido. Entre los antecedentes inmediatos que pesan sobre sus hombros se detallaron:
Un robo con destrozos (rompió el vidrio de una ventana) para saquear una casa.
Una causa por robo de cables en la vía pública.
Un intento de robo flagrante tras colarse en el Hospital Zonal de Trelew.
Por todo esto, Rodríguez postuló que Mircevich debe ser enjuiciado penalmente de forma obligatoria, independientemente de si la pena final resulta de ejecución condicional o de efectivo cumplimiento en una penitenciaría.
La última palabra la tiene la víctima
A pesar de la fuerte postura del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Fabio Monti decidió poner un punto de suspenso. El magistrado supeditó la continuidad de la audiencia a una condición clave: ordenó a la Fiscalía contactarse de forma directa con la víctima del robo de la moto (identificada por sus iniciales L.G.) para saber a ciencia cierta si acepta o rechaza los 50.000 pesos en cuotas.
La decisión final del juez sobre si el caso se eleva definitivamente a juicio oral o si se cierra con el plan de pago dependerá exclusivamente de lo que responda el damnificado.
Producido por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut. Oficina Rawson.