La fiscal general Mariana Millapi presentó un recurso de impugnación a la resolución del Juez Gustavo Castro, que había sobreseído a los imputados en la causa elevada a juicio y que investigaba, entre otros hechos, un presunto esquema de asociación ilícita y abigeato agravado en Paso de Indios.
En la resolución del Superior Tribunal de Justicia, presidido por Andrés Giacomone e integrado por Camila Banfi Saavedra, Mario Luis Vivas y Ricardo Alberto Napolitani, se señaló que la acusación atribuye a los imputados una estructura organizada con distribución de funciones y una jefatura que impartía directivas y administraba los beneficios de las conductas ilícitas investigadas, lo que exige un análisis integral de la prueba reunida para determinar la configuración del delito de asociación ilícita.
La nota central de la resolución fue revocar los puntos a) y b) de la sentencia nro. 945/2026 y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para continuar el proceso, manteniendo la acusación por la figura de asociación ilícita para ser tenida en cuenta durante el eventual juicio. La medida implica, en su caso, la continuación de la instrucción y la producción de prueba adicional para valorar la estructura de la organización investigada.
La fiscal Millapi sostuvo que el fallo impugnado habría valorado de manera fragmentaria la prueba, omitiendo la valoración conjunta que exige la existencia de una organización con fines ilícitos. Por su parte, el tribunal entendió que el debate y la valoración conjunta de la prueba son el ámbito natural para la producción de evidencia, por lo que corresponde diferir el tratamiento definitivo de la cuestión para esa instancia, garantizando el marco de contradicción y oralidad.
En el marco de la resolución, se revocó también el sobreseimiento respecto a algunos imputados en relación con la figura de asociación ilícita, y quedó pendiente la definición sobre la responsabilidad de otros hechos, como los vinculados al abigeato agravado. El tribunal subrayó que la valoración integral de las circunstancias fácticas y jurídicas requerirá un análisis en el debate, con el objetivo de esclarecer la existencia y alcance de la estructura presunta de la organización investigada.
La decisión abre la puerta a un desarrollo procesal más amplio, con producción de prueba y contradicción entre las partes, para determinar si efectivamente existió una organización destinada a cometer ilícitos y si los elementos reunidos bastan para sostener la acusación durante el juicio oral.
