El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de un año y medio de prisión de ejecución condicional para Carolina Pardo Said, declarada culpable por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del primer juicio por corrupción en Chubut realizado bajo la modalidad de tribunal escabinado.
La audiencia de cesura de pena se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Rawson. Allí, el fiscal general Omar Rodríguez, acompañado por la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, expuso el pedido de condena luego de que el tribunal dictara el veredicto de culpabilidad tras el juicio oral y público.
Durante su intervención, Rodríguez solicitó además que se imponga a la acusada la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el pago de una multa de 2.180.000 pesos y el cumplimiento de pautas de conducta, medidas que suelen aplicarse en casos de delitos contra la administración pública cuando se establece que el funcionario utilizó su posición para obtener beneficios indebidos.
El proceso judicial tuvo una característica particular: se trató del primer juicio por corrupción pública en la provincia de Chubut tramitado mediante un tribunal escabinado, un sistema mixto que combina la participación de jueces técnicos con ciudadanos comunes. En este caso, el tribunal estuvo integrado por los jueces María Laura Martini, Eve Ponce y Jorge Novarino, junto a dos ciudadanos de la ciudad de Rawson que participaron del debate y la deliberación.
Durante el juicio quedó probado que Pardo Said, mientras se desempeñaba como jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad del Chubut, intervino en contrataciones que beneficiaron directamente a su pareja, Vicente Andrés García. Según se expuso durante el debate, se realizaron pagos vinculados a trabajos de reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos destinados a distintas dependencias oficiales.
Para la fiscalía, la conducta reviste especial gravedad por tratarse de una funcionaria pública que tenía responsabilidades directas en el área de compras del organismo estatal, lo que le otorgaba capacidad de decisión en la contratación de proveedores. En ese contexto, Rodríguez también hizo referencia durante la audiencia a las convenciones internacionales y a la legislación nacional que promueven la persecución de los delitos de corrupción, a los que Argentina se encuentra adherida. Asimismo, destacó la reiteración de la conducta atribuida a la imputada y su actitud frente al proceso judicial.
Por su parte, el defensor Diego Crusceño solicitó al tribunal que se aplique la pena mínima prevista para el delito, es decir, un año de prisión. También pidió que la multa económica pueda abonarse en cuotas y con un plazo de gracia de seis meses. Según argumentó, la acusada atraviesa dificultades para reinsertarse en el mercado laboral tras haber sido exonerada de la administración pública.
El tribunal escuchó los planteos de ambas partes durante la audiencia y anunció que dará a conocer la sentencia el próximo jueves 19 de marzo entre las 12 y las 13 horas.
El caso adquiere relevancia institucional no solo por el delito investigado, sino también por el sistema de juzgamiento utilizado. El tribunal escabinado busca incorporar la participación ciudadana en decisiones judiciales complejas, especialmente en procesos penales que involucran delitos de interés público. En este sentido, la resolución que se conocerá la próxima semana marcará un antecedente dentro del sistema judicial de Chubut en materia de corrupción y participación ciudadana en la administración de justicia.