La presentación fue realizada por los abogados Nelson García y Díaz Lorenzo, quienes sostienen que la normativa vulnera derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la igualdad y la propiedad.
Además del amparo, solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la ordenanza mientras se resuelve el fondo de la causa.
El expediente fue derivado al Juzgado Contencioso Administrativo, que durante la feria judicial habilitó el tratamiento del caso y pidió acreditar los requisitos procesales para avanzar.
Los abogados también señalaron que la prohibición afecta a cientos de personas que encontraron en las aplicaciones una fuente de ingresos en medio de la crisis económica y denunciaron episodios de violencia contra conductores. Si la cautelar prospera, el Municipio tendrá cinco días para responder ante la Justicia.
Fuente: LU17
