La prisión domiciliaria de J.M. volvió a quedar bajo la lupa judicial, esta vez no por el avance de la causa sino por los conflictos que estaría generando con vecinos y con el propietario de la vivienda donde cumple la medida. El episodio se debatió en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, ante la jueza Eve Ponce.
Según expuso la Fiscalía, a partir de actas policiales se tomó conocimiento de presuntas molestias reiteradas provocadas por el imputado, tanto a personas del barrio como al dueño del inmueble alquilado. El planteo encendió las alarmas: falta de arraigo, riesgo de entorpecer la investigación y peligros procesales.
Con ese escenario, el Ministerio Público Fiscal pidió que se le quitara el beneficio de la domiciliaria y que J.M. fuera trasladado a una comisaría de Rawson por al menos un mes, hasta completar diligencias clave de la investigación.
Sin embargo, la jueza Ponce puso el freno. Al analizar el caso, recordó que el imputado ya venía cumpliendo la prisión domiciliaria —dispuesta originalmente por la jueza Karina Breckle y prorrogada luego— y que no contaba con un nuevo domicilio inmediato. Además, el alquiler del lugar donde reside se encuentra pago por el mes en curso.
Durante la audiencia también se dejó constancia de que sigue vigente la prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y que, llamativamente, la mujer se habría presentado en el domicilio del imputado, un dato que sumó ruido a una situación ya tensa.
Finalmente, la magistrada resolvió mantener la prisión domiciliaria, pero con control electrónico, en el mismo domicilio, y fijó una nueva audiencia de revisión para el 12 de enero de 2026. Hasta entonces, J.M. seguirá con tobillera… y bajo la mirada atenta de la Justicia, los vecinos y el dueño de la casa.
Con información de Ministerio Público Fiscal de Rawson