Instituciones que brindan atención a personas con discapacidad advirtieron que el sistema de prestaciones atraviesa una situación crítica debido a los atrasos en los pagos del programa Incluir Salud, una cobertura destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.
Según explicaron desde el sector, en muchos casos las instituciones no reciben pagos desde octubre, lo que provocó una acumulación de deuda que hoy genera una fuerte presión económica y pone en riesgo la continuidad de los servicios.
Prestadores que trabajan con personas con discapacidad señalaron que el problema no afecta a una sola entidad, sino que alcanza a distintos centros que brindan atención diaria en el país. En ese contexto, describieron que la situación financiera de las instituciones se volvió cada vez más compleja.
“No cobramos desde octubre”, señalaron desde el sector al explicar la situación que atraviesan los prestadores. Además, indicaron que cuando se realizan transferencias corresponden a prestaciones de meses anteriores, lo que provoca que el atraso continúe acumulándose.
La Defensoría Pública presentó un reclamo formal
La gravedad del escenario motivó la intervención de la Defensoría Pública, que presentó un reclamo formal ante la Secretaría de Salud de Chubut solicitando la regularización urgente de los pagos vinculados a las prestaciones del sistema.
El documento fue presentado el 9 de marzo de 2026 y en él los defensores públicos solicitaron que se abone la deuda correspondiente a las prestaciones brindadas por la Asociación Civil NICADPI, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.
En el escrito se advierte que la demora en los pagos generó una “asfixia financiera insostenible” que compromete la continuidad de la institución y de las prestaciones que reciben los usuarios.
Los abogados también remarcaron que el problema no se limita a un simple retraso administrativo, sino que puede implicar una vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad que dependen de estos servicios.
Personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad
El documento presentado ante las autoridades sanitarias también señala que muchas de las personas que asisten a estos centros presentan discapacidad múltiple o altos niveles de dependencia, por lo que requieren atención permanente y especializada.
Además, algunos casos cuentan con intervenciones judiciales que obligan al Estado a garantizar la continuidad de la asistencia. Por ese motivo, desde la Defensoría Pública solicitaron que se adopten medidas urgentes para evitar que la crisis financiera termine afectando directamente a los usuarios.
Un reclamo que apunta a Nación y Provincia
El programa Incluir Salud depende del Estado nacional, aunque en las provincias su funcionamiento se lleva adelante a través de unidades provinciales. Esta modalidad genera responsabilidades compartidas entre ambos niveles del Estado en la gestión del sistema.
Por ese motivo, prestadores del sector señalaron que la solución al problema requiere la intervención tanto del Gobierno nacional como de las autoridades provinciales, responsables de administrar las prestaciones en cada jurisdicción.
Advierten riesgo de cierre de instituciones
Desde el sector también alertaron que, si no se regularizan los pagos, algunas instituciones podrían dejar de funcionar debido a la imposibilidad de afrontar los costos operativos.
El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad se encuentra regulado por la Ley 24.901, que establece la obligación del Estado de garantizar cobertura integral de servicios de rehabilitación, asistencia y apoyo.
Sin embargo, los prestadores sostienen que los atrasos en los pagos y la acumulación de deuda generaron una situación que califican como insostenible. Mientras tanto, organizaciones del sector continúan reclamando la regularización de las transferencias para evitar que la crisis impacte directamente en la atención de las personas con discapacidad.