Con el objetivo de reforzar la protección de los recursos marítimos y endurecer las sanciones contra quienes los explotan de manera ilegal, los diputados nacionales Juan Pablo Luque y Guillermo Michel presentaron un proyecto de ley que busca incorporar la pesca ilegal al Código Penal argentino.
La iniciativa plantea que determinadas conductas vinculadas a la depredación de los recursos pesqueros dejen de ser consideradas únicamente faltas administrativas y pasen a ser delitos penales cuando generen daños relevantes al ambiente o vulneren los controles estatales.
Según explicó Luque, la propuesta apunta a dar una respuesta más contundente frente a prácticas que afectan no solo a los ecosistemas marinos, sino también al trabajo y al desarrollo económico de las comunidades costeras.
Qué actividades podrían ser castigadas con prisión
El proyecto contempla penas de prisión para quienes realicen capturas durante períodos de veda, pesquen especies protegidas, operen en zonas restringidas por razones de conservación o utilicen métodos prohibidos para la extracción de recursos pesqueros.
También prevé sanciones para quienes oculten capturas de manera significativa con el objetivo de evitar controles o eludir las regulaciones vigentes.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, estas conductas provocan un fuerte impacto sobre los recursos naturales y comprometen la sustentabilidad de una actividad clave para numerosas regiones del país.
Agravantes para casos de mayor gravedad
La propuesta establece sanciones más severas cuando las infracciones involucren especies amenazadas o se produzcan dentro de áreas especialmente protegidas.
Además, se contemplan agravantes para los casos en los que se utilicen explosivos o sustancias tóxicas, participen funcionarios públicos o intervengan embarcaciones extranjeras que operen sin autorización dentro de la jurisdicción argentina.
Para los impulsores del proyecto, este tipo de situaciones requieren una respuesta penal más firme debido al daño ambiental y económico que generan.
La responsabilidad alcanza a toda la cadena comercial
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que no limita las sanciones únicamente a quienes realizan la captura ilegal.
El texto incorpora responsabilidades para quienes compren, transporten, almacenen, industrialicen o comercialicen productos obtenidos mediante pesca ilegal, siempre que conozcan el origen ilícito de la mercadería.
Asimismo, prevé mecanismos específicos para responsabilizar a empresas que obtengan beneficios económicos a partir de estas prácticas.
Luque sostuvo que detrás de la pesca ilegal existe una estructura económica que financia y se beneficia de la actividad, por lo que consideró necesario perseguir a todos los actores involucrados y no solamente a quienes realizan las capturas.
Una cuestión estratégica para la Patagonia y el país
El legislador chubutense remarcó que la defensa de los recursos marítimos constituye una política estratégica para Argentina y especialmente para las provincias patagónicas vinculadas a la actividad pesquera.
En ese sentido, afirmó que la depredación del Mar Argentino afecta recursos que pertenecen a toda la sociedad y compromete oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones.
«Estamos hablando de soberanía, de trabajo argentino, de desarrollo productivo y de la obligación de preservar recursos que son patrimonio de las próximas generaciones», señaló Luque, quien sostuvo que quienes saqueen los recursos marítimos deben enfrentar no solo multas económicas, sino también las consecuencias de la Justicia penal.