En la ciudad de Rawson se dio inicio este martes al segundo juicio oral contra Roberto Bubas, imputado por el delito de lesiones graves agravadas en un contexto de violencia de género en perjuicio de Luján Pérez Terrone. Este nuevo debate fue ordenado por el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de un proceso judicial que ya lleva cinco años.
El tribunal está conformado por los jueces Marcela Pérez Bogado, María Laura Martini y Martín O’Connor. La acusación es sostenida por la fiscal general Laura Castagno junto al procurador de fiscalía Jeremías Regueira, en representación del Ministerio Público Fiscal de Rawson. Por su parte, la defensa del imputado está a cargo de los defensores oficiales Andrés Spínola y Javier Romero, mientras que la querella que representa a la presunta víctima es ejercida por la abogada Gladys Olavarría.
Durante la apertura del debate, la fiscal Castagno sostuvo que a lo largo del juicio se demostrarán los hechos atribuidos a Bubas, y adelantó que solicitará una pena de cinco años de prisión. La calificación legal incluye amenazas y lesiones graves agravadas por el vínculo entre víctima y acusado, en un contexto de violencia de género.
En la misma línea, la querellante Olavarría coincidió con la reconstrucción de los hechos planteada por la Fiscalía, aunque incorporó detalles adicionales sobre las circunstancias en las que habrían ocurrido los episodios denunciados. Además, anticipó que pedirá una condena de ocho años de prisión, junto con un embargo en dólares y el pago de honorarios profesionales y costas judiciales derivadas de ambos juicios.
Por su parte, el imputado hizo uso de su derecho a declarar, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que son falsas. En su exposición, describió una relación conflictiva con la madre de su hijo, a quien mencionó como otra víctima de este proceso judicial prolongado, que —según indicó— ha tenido consecuencias durante los últimos cinco años.
Se espera que en las próximas jornadas del juicio declaren testigos propuestos por ambas partes, entre ellos familiares del imputado y de la denunciante, así como profesionales médicos y peritos del cuerpo médico forense que intervinieron en la causa mediante informes y evaluaciones.