Sobrecarga, coimas, permisos millonarios y maniobras políticas: el naufragio del Carlillo destapó un sistema que opera desde hace años sin control.
El hundimiento del buque pesquero artesanal Carlillo, ocurrido a 17 millas náuticas del puerto de Rawson, reactivó un conflicto profundo en la pesca chubutense. Lo ocurrido no fue solo un accidente: abrió una caja de Pandora que involucra corrupción, falta de controles y un mercado paralelo de permisos.
Su propietario, Julio César Domínguez, describió un panorama alarmante: barcos que superan ampliamente el límite de 580 cajones, pagos ilegales para habilitar cargas mayores, y una red de funcionarios y empresarios que sostienen la ilegalidad desde hace años.
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, confirmó que la embarcación ya había sido sancionada por exceso de carga y que en el viaje siniestrado viajaba un tripulante sin declarar. Adelantó también que el caso irá a la Justicia Federal.
Las frases que encendieron la polémica
Domínguez aseguró:
“Los barcos están trayendo entre 700 y 750 cajones. Y si querían traer 700, tenían que pagar 30 mil dólares”.
El armador también denunció pagos de 100 mil dólares para transferencias de permisos entre barcos, un mercado paralelo que muchos en el sector conocen pero pocos se animan a exponer.
Permisos VA.CO.PA.: el núcleo del conflicto
La discusión se vuelve aún más crítica cuando se analiza el esquema de permisos pesqueros en Chubut. Según especialistas y actores del sector:
Los permisos VA.CO.PA. fueron otorgados bajo irregularidades severas.
La nueva Ley IX-157 creó nueve permisos más para flota amarilla, aumentando la presión sobre el recurso.
La normativa transforma permisos experimentales en licencias irrestrictas, beneficiando a unos pocos.
A esto se suma la distorsión contributiva: Chubut retiene los Derechos Únicos de Extracción de capturas provinciales, sin tributar como el resto de los caladeros del país.
Un reclamo que atraviesa toda la provincia
Lo que ocurre en Rawson impacta en toda la cadena pesquera del Valle y la Patagonia. Las denuncias ponen en crisis la credibilidad del sistema, la sustentabilidad del langostino y la seguridad de quienes trabajan en el mar.
La pregunta que recorre el sector es simple:
¿Habrá investigación real o todo quedará, otra vez, en la nada?