El Ministerio Público Fiscal avanzó en la causa conocida como “Caso ATE” y presentó la acusación formal ante la Oficina Judicial de Rawson por un presunto desvío de fondos que se habría extendido durante casi cuatro años, entre 2019 y 2023.
La investigación está a cargo de los fiscales Julieta Gamarra y Lucas Papini, quienes sostienen que los imputados habrían llevado adelante una maniobra ilegal sostenida en el tiempo, generando un importante perjuicio económico para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Según la hipótesis fiscal, los acusados realizaron transferencias desde cuentas de la organización hacia cuentas personales sin respaldo ni contraprestación, configurando un esquema sistemático de desvío de dinero. La operatoria fue detectada a partir de un análisis patrimonial que evidenció una marcada desproporción entre los ingresos declarados y los gastos registrados.
En ese marco, la Fiscalía consideró acreditado —con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso— que los imputados realizaron erogaciones significativamente superiores a sus ingresos legítimos, lo que refuerza la sospecha sobre la maniobra investigada.
Como parte de la investigación, se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal, lo que permitió acceder a información de distintas entidades financieras y reconstruir el circuito del dinero presuntamente desviado.
El Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como administración fraudulenta y subrayó tanto el carácter reiterado de las conductas como el impacto negativo sobre el patrimonio institucional y la confianza de los afiliados.
La causa avanza ahora hacia las próximas etapas judiciales, donde se evaluará la responsabilidad de los imputados en el presunto esquema de desvío de fondos.