A días de que arranquen las sesiones extraordinarias, la reforma laboral entra en zona caliente. La CGT busca patear el debate para después de febrero, mientras acelera reuniones con senadores y gobernadores para intentar frenar el proyecto. Del otro lado, el Gobierno mueve fichas para llegar a los 37 votos que necesita en el Senado.
En el medio, el clima se tensa: la conformación del Frente de Sindicatos Unidos empuja a la central obrera a definir una medida de fuerza para el 11 de febrero, fecha prevista para tratar la iniciativa. El paro está sobre la mesa, aunque todavía no hay confirmación.
La conducción cegetista —encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— apunta a dos frentes: trabajo territorial para combatir lo que definen como “desinformación” sobre la reforma y rosca política fina, senador por senador, gobernador por gobernador.
“La discusión se va a volver más compleja cuando se trate artículo por artículo”, advierten desde la central. En ese contexto, algunos sectores opositores interpretan que el impulso oficial a otros proyectos sensibles, como la baja de la edad de imputabilidad, deja al descubierto que los votos aún no están cerrados.
En el Senado, el panorama no pinta sencillo para el oficialismo. La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas y necesita sumar apoyos del PRO, la UCR y bloques provinciales. Desde el peronismo ya avisaron que sus 28 senadores votarán en contra y que no hay margen para negociar cambios.
Mientras tanto, la CGT activó una campaña en redes a través de la cuenta Dicho en criollo, apuntando directamente a los legisladores que podrían acompañar la iniciativa. En declaraciones a Futurock, Jorge Sola fue directo: “Los senadores y diputados tienen en sus manos el futuro de los trabajadores”.
Entre los puntos más resistidos del proyecto aparecen el nuevo cálculo de indemnizaciones, los cambios en la actividad gremial, el fin de la ultraactividad de los convenios, la baja de aportes patronales que impacta en obras sociales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Un informe de la AEFIP difundido por la CGT advierte que la reforma busca reducir costos empresariales a costa de la Seguridad Social y de las provincias, con un impacto fiscal estimado en 1,278% del PBI y más de 3 billones de pesos en fondos coparticipables comprometidos.
Tras una movilización el 18 de diciembre que no cumplió las expectativas, la central todavía no definió cómo escalar el conflicto. El Consejo Directivo se reunirá la próxima semana. Todo indica que febrero arranca con calor… y no solo por el clima.
Fuente: C5N