En un desafío directo a las mediciones oficiales, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, presentó la denominada “Canasta Básica del Hogar Trabajador”, que fija en $2.706.923 el ingreso necesario para garantizar una vida digna.
El informe busca establecer un parámetro propio frente a las estadísticas oficiales y plantea una fuerte diferencia con los indicadores difundidos por el INDEC.
Según el documento, el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil resulta insuficiente, ya que debería multiplicarse por ocho para alcanzar los niveles que los sindicatos consideran compatibles con los estándares constitucionales de dignidad.
El cálculo de la canasta se distribuye en diferentes rubros. El mayor gasto corresponde a alimentación, estimado en $618.583, seguido por transporte y vacaciones/esparcimiento, con $554.511, y vivienda, con $533.942.
Otros gastos incluidos en el presupuesto son salud ($329.582), previsión ($297.762), cultura y educación ($233.852) y vestimenta ($138.693).
“Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad”, afirmó Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, quien sostuvo que los sindicatos decidieron avanzar con su propio cálculo ante lo que calificó como un “abandono del Consejo del Salario”.
Durante la presentación también hubo fuertes críticas al Gobierno nacional. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó los gastos de funcionarios y pidió la renuncia del vocero presidencial Manuel Adorni.
Por su parte, Abel Furlán, titular de la UOM, denunció que existe una “política deliberada de ajuste y retracción salarial” que está afectando el consumo y la producción.
De acuerdo al informe sindical, durante la actual gestión los trabajadores habrían perdido 54 billones de pesos en ingresos, con una caída promedio de $2.125.000 en el sector privado y de $11.021.000 en el sector público.
El documento también advierte sobre el aumento del endeudamiento en los hogares. Actualmente, las familias destinan el 26,3% de sus ingresos al pago de deudas, un porcentaje que se triplicó en el último año y que, según los sindicatos, refleja el deterioro del poder adquisitivo.
Fuente: NA