El domingo, mientras el oficialismo de Ignacio Torres sufría un voto castigo histórico (quedó tercero o cuarto en todas las ciudades importantes y más del 80% del electorado desaprobó su gestión), el gobierno forzó además una consulta popular para eliminar los fueros de inmunidad de políticos, jueces y sindicalistas. La boleta fue aprobada con el 63,6%, y Torres salió a festejar: “A partir de hoy, en Chubut no hay más privilegios: todos somos iguales ante la ley”.
El gobierno de Ignacio Torres está intentando vender como un acto de igualdad ante la ley lo que, para el mundo judicial, es otra cosa: un avance directo sobre la independencia del Poder Judicial y un intento de controlar a los jueces incómodos. Así lo advirtió la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y su presidente, Marcelo Gallo Tagle, que acusaron al Ejecutivo chubutense de haber llevado a la gente a votar “sin saber realmente qué estaba votando”.
El problema es que el eslogan esconde la maniobra. Lo que el gobierno presentó como “terminar con privilegios” implica otra cosa: dejar a jueces y fiscales expuestos a la presión directa del poder político de turno. FLAM marcó que los fueros judiciales no son un privilegio personal del juez, sino una garantía constitucional para que el juez pueda fallar sin miedo a ser corrido del cargo por incomodar al gobernador, a un ministro, a un empresario o a un sindicalista aliado. Esa protección está en línea con el principio de independencia judicial reconocido por la Constitución Nacional y por estándares internacionales de la magistratura.
Lo que plantea Torres, y que ahora intenta blindar con “legitimidad popular”, es básicamente esto: si un juez falla contra el poder político o económico provincial, ese juez puede quedar desprotegido y removible sin el estándar de resguardo que hoy exige la Constitución. FLAM advirtió que sin esa garantía “cualquier juez que moleste puede ser sacado del medio” con el pretexto de que ya no tiene fueros. Eso, remarcan, no es combatir la impunidad; es abrir la puerta al apriete institucional.
Gallo Tagle fue más lejos y habló directamente de “engaño”: dijo que en Chubut se hizo campaña con un título marketinero “eliminen los privilegios” pero que nunca se explicó el verdadero alcance jurídico de la reforma. Según el titular de FLAM, la ciudadanía votó con información “incompleta o sesgada”, y eso convierte el proceso en potencialmente inconstitucional, porque vulnera la división de poderes y afecta la independencia del Poder Judicial, que es un requisito básico de cualquier república democrática.
El paralelismo que marcó FLAM pone el tema en un plano más grave todavía: citó el caso de México, donde un discurso similar de “terminar con privilegios” terminó en una reforma que barrió jueces y permitió colocar magistrados funcionales a intereses políticos y, en algunos casos, directamente ligados al narcotráfico. Según Gallo Tagle, esa es la ruta que empieza cuando un gobierno provincial instala que “los jueces tienen coronita” y llama a votar bajo ese clima emocional, en lugar de explicar que lo que se está tocando son las barreras que impiden la captura del Poder Judicial.
Traducción: el plebiscito no fue inocente ni neutro. Fue una jugada política de Torres en el peor momento electoral de su gestión (tras quedar tercero y hasta cuarto en ciudades clave como Trelew) para reescribir la narrativa y posar como el que “les sacó los privilegios a los políticos y a los jueces”. Pero detrás del slogan hay otra lectura: un gobernador golpeado en las urnas que ahora busca redibujar las reglas institucionales para que el Poder Judicial provincial le resulte menos incómodo.
Incluso FLAM advirtió que, si la eliminación de fueros avanza, el tema “va a tener que judicializarse” porque sería incompatible con la Constitución Nacional, que en sus artículos 110 y 115 garantiza estabilidad e independencia a los jueces y fija un procedimiento especial para removerlos. En otras palabras: lo que Torres vendió como “todos iguales ante la ley” puede terminar declarado inconstitucional por violar justamente… la ley superior.
El mensaje de fondo es durísimo: el gobierno de Chubut no sólo intentó disciplinar a los jueces. Lo hizo disfrazándolo de épica anticasta, usando una consulta popular para legitimar un recorte de controles. Y cuando un gobierno intenta debilitar al único poder que puede frenarlo, eso no se llama republicanismo. Se llama avanzar sobre la Justicia para que nadie lo frene.
Información de Cadena 3