La Justicia de Trelew resolvió ampliar la investigación penal contra un hombre acusado de violencia de género, desobediencia y resistencia a la autoridad, y ordenó su prisión preventiva por el plazo de tres meses. La medida fue dispuesta luego de que la jueza María Tolomei hiciera lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y rechazara el arresto domiciliario solicitado por la defensa.
La decisión se tomó en el marco de una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general jefe Omar Rodríguez y la abogada Rocío Silva, solicitó ampliar la imputación a partir de hechos previos denunciados por la víctima, en un contexto sostenido de violencia de género.
En la apertura de la investigación, la fiscalía había imputado un hecho ocurrido el 10 de enero alrededor de las 4:40, cuando el acusado, identificado como A.F., se presentó en el domicilio de su expareja e ingresó al patio trasero, pese a haber sido notificado de una prohibición de acercamiento vigente desde diciembre de 2025 por un plazo de 60 días. Ante el temor generado, se dio aviso a la Policía, que logró localizarlo en las inmediaciones.
Al momento de ser identificado, el imputado intentó darse a la fuga y adoptó una actitud agresiva al resistirse a la detención. Durante el procedimiento, golpeó a uno de los efectivos policiales y extrajo un cuchillo, aunque finalmente fue reducido y detenido. Por estos hechos, la calificación provisoria fue desobediencia en concurso real con resistencia a la autoridad.
Durante el avance de la investigación, la fiscalía incorporó una denuncia previa radicada en la Comisaría de la Mujer, correspondiente a un episodio ocurrido el 21 de diciembre de 2025 cerca de las 0:50. Según consta, la víctima regresaba de una vigilia en Gaiman junto al imputado y otra persona, con destino a la vivienda de su padre, cuando el hombre comenzó a mostrarse agresivo y la golpeó, exigiéndole que se fuera con él.
Al llegar al domicilio, ambos descendieron del vehículo y el agresor la retuvo, iniciándose un forcejeo que culminó con la mujer en el suelo, donde fue pateada y arrastrada. Posteriormente, el hombre se retiró mientras la víctima le reclamaba la devolución de una mochila que contenía todas sus pertenencias.
Minutos más tarde, el imputado regresó al lugar, golpeó la puerta e ingresó con intenciones de llevarse a la mujer. En ese momento arribaron sobrinos de la víctima, quienes lograron contenerla e ingresarla nuevamente a la vivienda. Lejos de desistir, el agresor extrajo un cuchillo y dañó la cubierta del vehículo de uno de los sobrinos.
El Cuerpo Médico Forense certificó que la víctima presentaba múltiples lesiones de carácter leve. También se informó que la relación entre ambos se extendió durante aproximadamente ocho años y estuvo marcada por episodios de violencia psíquica, física y patrimonial. Estos hechos fueron calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo y daño, en concurso real, en el marco de la Ley 26.485 de violencia de género y el bloque constitucional vigente.
Con base en las pruebas reunidas —entre ellas testimonios directos, denuncias de la víctima y de familiares, el acta de detención donde consta el secuestro de un cuchillo y el informe del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), que da cuenta de un alto grado de victimización— la fiscalía solicitó la ampliación de la apertura de investigación y la continuidad de la prisión preventiva.
Durante la audiencia también se expusieron los antecedentes penales del imputado, quien cuenta con una condena por un homicidio ocurrido en diciembre de 2017, en el que la víctima falleció tras recibir un golpe en la cabeza con un hierro que le provocó una fractura de cráneo. Durante el cumplimiento de esa condena y en el marco de salidas transitorias, el hombre mantuvo contacto con la actual víctima, registrándose nuevos episodios de violencia, lo que evidenció un círculo de sometimiento sostenido.
Finalmente, la jueza coincidió con la fiscalía en la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, destacó la gravedad de los hechos y resolvió mantener la prisión preventiva por el plazo inicial de tres meses, período durante el cual se llevarán adelante medidas orientadas a una eventual elevación a juicio.