La creciente circulación de amenazas en escuelas a través de redes sociales encendió una señal de alerta en Puerto Madryn. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal brindó una charla informativa dirigida a equipos directivos y docentes, con el objetivo de abordar el fenómeno desde la prevención y advertir sobre sus implicancias legales, especialmente cuando involucra a menores de edad.
La actividad se realizó a partir de una situación que generó preocupación en la comunidad educativa: un reto viral difundido en TikTok que incentivaba a estudiantes a escribir mensajes en baños escolares anunciando supuestos tiroteos. Aunque para algunos jóvenes pueda tratarse de una “broma”, desde la Justicia advirtieron que este tipo de conductas puede tener consecuencias penales concretas.
El fenómeno no fue aislado. Casos similares se registraron en distintos puntos del país y, a nivel local, alcanzaron a cinco establecimientos educativos de Puerto Madryn. También se reportaron episodios en ciudades como Trelew, Rawson y Esquel, lo que evidencia la rápida propagación de este tipo de contenidos en entornos digitales y su impacto en la vida escolar.
Frente a este escenario, la Fiscalía intervino con un enfoque preventivo, priorizando la información, la concientización y el trabajo conjunto con las instituciones educativas. Durante el encuentro, se brindaron herramientas claras sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones y cuál es el alcance de la Justicia Penal en estos casos.
La funcionaria fiscal Melina Leiva explicó además los cambios recientes en el Código Penal vinculados al régimen de inimputabilidad. Según se detalló, a partir de la entrada en vigencia de la reforma prevista para septiembre, adolescentes desde los 14 años podrían ser considerados penalmente responsables por la comisión de delitos, lo que representa un cambio significativo en el abordaje de estas conductas.
En ese marco, también se abordaron figuras penales como la “intimidación pública” y las “amenazas anónimas”, que pueden aplicarse cuando estos mensajes generan temor o alteran el funcionamiento normal de instituciones como las escuelas.
Desde la Fiscalía remarcaron que el objetivo principal es prevenir y concientizar: “Una broma no siempre es una broma”, señalaron, destacando que este tipo de acciones moviliza recursos del Estado y puede generar situaciones de riesgo real.
La jornada permitió fortalecer la articulación entre la Justicia y el sistema educativo, generando un espacio de intercambio con docentes y autoridades escolares. Además, se subrayó la importancia del rol de las familias y de las instituciones en el acompañamiento de los adolescentes frente a los desafíos que plantea el entorno digital.