La Justicia de Puerto Madryn avanza en la investigación por una serie de amenazas difundidas en redes sociales contra la Escuela de Pesca, en un contexto que mantiene en alerta a la comunidad educativa. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos en domicilios vinculados a dos menores de edad, con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir posibles situaciones de riesgo.
Los procedimientos se realizaron en conjunto con la Policía del Chubut y permitieron el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. La medida forma parte de una investigación más amplia que busca determinar el origen de los mensajes intimidantes y su alcance.
De acuerdo con la información reunida hasta el momento, las amenazas habrían sido difundidas en entornos digitales y se enmarcan en una seguidilla de episodios similares registrados en distintas escuelas de Puerto Madryn y otras localidades de la provincia. Muchos de estos casos están asociados a dinámicas de viralización entre adolescentes, lo que incrementa la preocupación por el impacto y la rápida propagación de este tipo de contenidos.
Desde el ámbito judicial se recordó que estas conductas se encuadran en el delito de amenazas, contemplado en el Código Penal Argentino. La figura sanciona a quien intimida a otra persona con la intención de generar temor o condicionar su comportamiento. Cuando las amenazas incluyen referencias a armas de fuego o provocan conmoción pública, como ocurre en instituciones educativas, la gravedad del hecho aumenta y puede derivar en consecuencias penales más severas.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal remarcó que, más allá de que algunos de estos episodios puedan surgir en contextos juveniles o ser interpretados como “bromas”, implican la activación de protocolos de seguridad y la movilización de recursos estatales.
El avance de la causa se da en un escenario donde varias escuelas han debido activar medidas preventivas ante mensajes intimidantes, incluyendo evacuaciones, presencia policial y articulación entre organismos. Frente a este panorama, la Fiscalía trabaja de manera coordinada con fuerzas de seguridad, el sistema educativo y áreas de niñez, no solo para investigar los hechos, sino también para abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que contemple su dimensión social y digital.