El cierre de Ueno Bank en Paraguay desató una crisis financiera y política que ahora llegó a los tribunales. La entidad, que tenía aproximadamente 2,94 millones de clientes, dejó fondos de ahorristas, jubilados e instituciones públicas congelados tras su disolución.
Entre los recursos comprometidos aparecen unos 355 millones de dólares que el Instituto de Previsión Social había invertido en el banco durante el gobierno de Santiago Peña.
Además, la entidad administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados y depósitos de distintos organismos estatales.
La investigación fiscal busca determinar si hubo maniobras irregulares en la colocación y permanencia de esos fondos, mientras el banco realizaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico.
El caso también puso bajo la lupa la relación previa de Peña con Ueno Holding, conglomerado empresarial que tenía participación en el banco. El expresidente había sido accionista y vendió su participación en marzo de 2025, según la acusación impulsada durante el juicio político.
El expresidente cumplirá prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco del proceso judicial que afronta por el escándalo financiero del caso Ueno Bank que culminó con su destitución del Ejecutivo. El juzgado de la causa consideró que existe peligro de fuga del exmandatario.
Fuente: Infobae
