Una resolución judicial volvió a encender la polémica en Trelew: el trabajador de la Cooperativa de Servicios Públicos que había sido filmado extrayendo un medidor de agua en plena calle podrá regresar a su puesto, pese a que el hecho fue registrado y denunciado por una vecina.
El episodio ocurrió hace dos años, cuando Irma Vallejos sorprendió a un operario retirando medidores ubicados en la vía pública, utilizando incluso la camioneta oficial de la cooperativa. La mujer lo filmó, lo siguió por la calle y luego radicó la denuncia. Las imágenes motivaron que el entonces presidente de la institución, Federico Ruffa, iniciara su cesantía de manera inmediata.
En aquel momento, el juez Adrián Alberto Duret avaló el despido en primera instancia, calificando la conducta como grave. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones consideró que no se trataba de un hurto, sino de una “sustracción sin autorización”, una figura que —según los magistrados— no constituye falta grave suficiente para sostener la desvinculación.
El fallo ordenó no sólo reintegrar al empleado, sino también pagarle los salarios caídos y los honorarios judiciales, una decisión que generó indignación entre sectores de la comunidad.
Vallejos, quien expuso nuevamente el caso en Radio Chubut, recordó que el trabajador incluso se presentó en su domicilio días después del hecho para pedirle que retirara la denuncia. “Recién ahora me entero cómo terminó todo”, señaló la mujer, sorprendida por el desenlace.
Mientras tanto, el fallo reabrió el debate sobre los controles internos en la cooperativa, el rol de la Justicia y los criterios con los que se define qué se considera —o no— una conducta grave dentro de los servicios públicos.