La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner en foco una causa que lleva más de una década generando controversias en Chubut. A cinco años de la presentación de un recurso de queja, el máximo tribunal determinó que el expediente por el incendio en la Cooperativa Eléctrica de Dolavon debía ser reanalizado bajo su propia doctrina, lo que podría derivar en el sobreseimiento definitivo de Patricia Inés Bortagaray.
La decisión se produce luego de un largo recorrido judicial que incluyó instancias provinciales y múltiples planteos de la defensa. Bortagaray había sido condenada en primera instancia por el delito de incendio, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones de Trelew modificó la calificación legal del hecho y lo encuadró como daño. Ese cambio resultó clave, ya que ese delito no había sido parte de la acusación original, lo que limitó la posibilidad de ejercer una defensa adecuada.
El proceso judicial no estuvo exento de cuestionamientos. La defensa sostuvo desde el inicio que se había vulnerado el plazo razonable del proceso, un principio central del derecho penal moderno que busca evitar dilaciones indebidas. En este punto, remarcó que el delito de daño contempla plazos de prescripción más breves, lo que implicaría la extinción de la acción penal. Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados tanto por la Cámara como por el Superior Tribunal de Justicia.
Ante la negativa de avanzar con el recurso extraordinario, se presentó una queja ante la Corte Suprema, que finalmente fue admitida. Tras el análisis de las distintas vocalías, el tribunal concluyó que correspondía dictar una nueva sentencia, teniendo en cuenta que la prescripción es una cuestión de orden público. Esto significa que, una vez vencidos los plazos legales, el Estado pierde la posibilidad de juzgar el caso, incluso si existen cuestiones de fondo pendientes.
El expediente se remonta al 26 de febrero de 2016, cuando se produjo el incendio en las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica de Dolavon. En ese contexto, Bortagaray, quien era presidenta de la entidad, fue detenida por orden de un fiscal sin autorización judicial, una medida que al día siguiente fue declarada irregular por un juez. Este episodio también generó polémica en su momento, al considerarse un antecedente relevante en el proceso.
Más allá de lo estrictamente judicial, la causa tuvo impacto institucional. Según se desprende del expediente, el caso fue utilizado como argumento en el marco de la intervención de la cooperativa, en un contexto donde distintos sectores políticos seguían de cerca el desarrollo del proceso y sus posibles consecuencias.
Con esta resolución, la Corte Suprema no sólo ordena revisar el fallo, sino que también reafirma criterios clave en materia penal, especialmente en relación con la prescripción y el respeto de las garantías constitucionales. Ahora será la Justicia la encargada de dictar una nueva sentencia que contemple estos lineamientos.
Este fallo se inscribe en una tendencia creciente del máximo tribunal de intervenir en causas donde se discuten garantías fundamentales, reforzando estándares que impactan directamente en la seguridad jurídica y en la confianza en el sistema judicial. Para especialistas, este tipo de decisiones también dialoga con las exigencias actuales de transparencia y calidad institucional que hoy son cada vez más valoradas tanto por la sociedad como por los entornos digitales donde circula la información.
Fuente: El Chubut/Luis López Salaberry