En una audiencia realizada en los tribunales de Trelew, la Justicia escuchó los planteos vinculados a la causa por certificaciones truchas utilizadas para licencias de conducir y deberá definir la próxima semana si mantiene o anula la suspensión de juicio a prueba otorgada en el expediente.
La presentación fue impulsada por la Municipalidad de Gaiman, que solicitó la nulidad de la resolución dictada el pasado 4 de mayo. El intendente Darío James participó de la audiencia junto al representante legal del municipio, Víctor Bezurnatea, quien cuestionó duramente el procedimiento llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y sostuvo que el acuerdo alcanzado debía considerarse de “nulidad absoluta”.
Durante su exposición, el abogado aseguró que el municipio no fue convocado como víctima para ser informado sobre la suspensión de juicio a prueba, situación que consideró obligatoria dentro del proceso. Además, remarcó que la causa no debía interpretarse como un delito continuado sino como cientos de hechos independientes de falsedad ideológica vinculados a certificados utilizados para obtener licencias de conducir.
Debate por la fe pública y el rol del municipio
Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia giró en torno a la afectación de la fe pública y a quién corresponde representar ese interés dentro del expediente judicial.
Bezurnatea afirmó que no se trataba de “un delito común y corriente” y cuestionó el criterio del Ministerio Público Fiscal. También expresó reparos sobre la reparación económica acordada y mencionó comentarios radiales que sugerían supuestos vínculos familiares entre Diego Soto Payva y autoridades del centro geriátrico Pedro Déttori.
Por su parte, el fiscal general jefe Omar Rodríguez rechazó de manera contundente los cuestionamientos formulados por el municipio y aseguró que la presentación no contaba con legitimidad recursiva. Acompañado por la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini, sostuvo que la suspensión de juicio a prueba fue otorgada tras cumplirse los requisitos previstos en el Código Procesal Penal.
Rodríguez explicó que desde el punto de vista penal debía analizarse la tipicidad del delito y señaló que, durante la investigación, se realizaron más de cien entrevistas a personas presuntamente perjudicadas, sin que ninguna denunciara irregularidades respecto de la obtención de sus carnets de conducir.
Además, indicó que de los 157 hechos probados en la causa, solamente 24 correspondían al municipio de Gaiman, motivo por el cual el resarcimiento económico establecido resultaba proporcional. También sostuvo que la Municipalidad no puede ser considerada víctima en representación de la fe pública, ya que ese concepto refiere a la confianza general de la sociedad sobre determinados documentos y actos jurídicos.
Cruces en la audiencia y cuestionamientos públicos
En otro tramo de la audiencia, el fiscal también cuestionó declaraciones públicas realizadas por el intendente Darío James, quien había criticado el accionar de fiscales y sugerido posibles acuerdos irregulares entre jueces, defensores y representantes del Ministerio Público Fiscal. Rodríguez rechazó esas afirmaciones y remarcó que “no hubo ningún acuerdo”, sino un dictamen fiscal avalado dentro del marco legal vigente.
El defensor Fabián Gabalachis consideró que la audiencia no era necesaria y que el planteo del municipio debía haber sido rechazado directamente mediante un decreto judicial. Sin embargo, señaló que el debate permitió aclarar cuestiones que habitualmente se discuten en audiencias públicas.
También tomó la palabra Mónica Soto, directora del centro geriátrico Pedro Déttori, quien negó cualquier vínculo o parentesco con Diego Soto Payva y aclaró que el único antecedente familiar relacionado con la institución fue el de su madre, quien ocupó funciones directivas entre 1970 y 1990.
Antes del cierre, el intendente Darío James afirmó brevemente que la denuncia surgió luego de que un funcionario de tránsito detectara una anomalía y aseguró que actuó como correspondía al realizar la presentación judicial.
Finalmente, el juez Fabio Monti explicó que habilitó la audiencia para garantizar que la Municipalidad de Gaiman pudiera expresar formalmente su postura ante las partes involucradas y confirmó que la resolución definitiva será dada a conocer la próxima semana.